Alternativas comunitarias para un desarrollo sostenible en Colombia: Principios teóricos y conceptuales hacia un futuro justo y equitativo

Community alternatives for sustainable development in Colombia: Theoretical and conceptual principles towards a just and equitable future

Angel Joel Méndez López[1]

Isaac Iran Cabrera Ruiz[2]

Alejandro Pajón Naranjo[3]

Resumen

El presente artículo analiza alternativas comunitarias de desarrollo sostenible (ACDS) en Colombia como respuesta a desafíos sociales, ambientales y económicos que enfrenta el país. Estas iniciativas, surgidas desde las propias comunidades, proponen modelos de desarrollo basados en la cooperación, la autogestión y la responsabilidad ambiental, en contraposición al modelo de desarrollo tradicional. Se realiza una revisión crítica de la literatura y de experiencias comunitarias, examinando los principios centrales de las propuestas teóricas alternativas y los conceptos más relevantes para el análisis de las ACDS. Se destacan enfoques como la ecología social, la economía del decrecimiento y el enfoque de derechos humanos, que convergen en la necesidad de priorizar justicia social, equidad económica y protección ambiental. Se analizan conceptos clave como creación de capacidades, que apuntan a empoderar a personas y comunidades, brindándoles oportunidades y libertades fundamentales. Asimismo, se aborda el concepto de capital social como recurso comunitario, resaltando la importancia de redes de colaboración, confianza y reciprocidad. Se examinan iniciativas concretas como el Comercio Justo, el Sistema Participativo de Garantía y el Ecoturismo Comunitario, ejemplificando la aplicación de estos principios teóricos. Se identifican desafíos como la desigualdad social, el conflicto armado y la falta de una cultura de cooperación en algunos territorios. Se enfatiza el rol del Estado y las políticas públicas para promover y apoyar estas alternativas. En conclusión, se destaca la importancia de las ACDS para la construcción de un futuro más justo, equitativo y sostenible en Colombia, aportando elementos teóricos y conceptuales para su comprensión y análisis.

Palabras clave: alternativas comunitarias, desarrollo sostenible, modelos de desarrollo

Abstract

This article explores community-driven alternatives for sustainable development (ACDS Acronyms in Spanish) in Colombia, which are responses to the country's social, environmental, and economic challenges. These initiatives propose development models rooted in cooperation, self-management, and environmental responsibility, contrasting with traditional development models. The paper critically reviews literature and community experiences, focusing on the core principles of alternative theoretical proposals and key concepts for ACDS analysis. It underscores approaches like social ecology, degrowth economics, and the human rights approach, all of which emphasize social justice, economic equity, and environmental protection. The article discusses key concepts such as capacity building, aimed at empowering individuals and communities by offering opportunities and fundamental freedoms. It also considers social capital as a community resource, emphasizing the significance of collaboration networks, trust, and reciprocity. The paper examines specific initiatives like Fair Trade, the Participatory Guarantee System, and Community Ecotourism, demonstrating the practical application of these theoretical principles. It identifies challenges such as social inequality, armed conflict, and the absence of a cooperation culture in some regions. The role of the State and public policies in promoting and supporting these alternatives is highlighted. In conclusion, the article underscores the importance of ACDS in building a more equitable, just, and sustainable future in Colombia, offering theoretical and conceptual insights for its understanding and analysis.

Keywords: community-driven alternatives, sustainable development, development models

Introducción

En un contexto global marcado por la crisis ambiental y social, la búsqueda de alternativas al modelo de desarrollo tradicional se vuelve cada vez más urgente. En Colombia, la histórica desigualdad social y económica, sumada a la degradación ambiental, exigen un replanteamiento del desarrollo que ponga en el centro la participación activa de las comunidades.

Las alternativas comunitarias de desarrollo sostenible (ACDS) emergen como una respuesta a este desafío, al proponer modelos de desarrollo basados en la cooperación, la autogestión y la responsabilidad ambiental. Estas iniciativas, gestadas desde las propias comunidades, buscan construir un futuro más justo y equitativo, en armonía con la naturaleza.

El país se encuentra en un punto de inflexión. La firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP abre nuevas posibilidades para la construcción de un desarrollo rural integral, en el que las comunidades sean protagonistas. Además, la crisis climática exige un cambio radical en la forma en que se relaciona con el medio ambiente.

En este contexto, las ACDS ofrecen una alternativa viable para alcanzar un desarrollo sostenible en Colombia. Sin embargo, ¿cuáles son las características específicas de estas iniciativas? ¿Cómo se articulan con las políticas públicas y los marcos legales existentes? ¿Qué desafíos enfrentan y cómo pueden superarse?

Este artículo busca contribuir a llenar un vacío de conocimiento en torno a las ACDS en Colombia. A partir de una revisión crítica de la literatura y de la experiencia de diversas iniciativas comunitarias, se analizarán los principios centrales, las estrategias de implementación y los impactos sociales, económicos y ambientales de estas alternativas.

La investigación sobre las ACDS es de vital importancia para fortalecer la construcción de un futuro más justo y sostenible en Colombia. Este estudio aportará elementos para la comprensión de estas iniciativas, así como recomendaciones para su promoción y apoyo por parte del Estado, la sociedad civil y el sector privado.

Es hora de dar voz a las comunidades y reconocer su papel fundamental en la construcción de un desarrollo sostenible. Las ACDS son una apuesta por un futuro mejor, un futuro en el que la justicia social, la equidad económica y la protección ambiental sean pilares fundamentales del desarrollo.

El estudio del desarrollo sostenible, a partir de las propuestas teóricas alternativas y los conceptos relevantes para el análisis de las iniciativas comunitarias, cobra vital importancia en el contexto actual. Diversas teorías, como la ecología social, la economía del decrecimiento y el enfoque de derechos humanos, convergen en la necesidad de un modelo de desarrollo que supere la lógica del crecimiento económico ilimitado y priorice la justicia social y la protección ambiental.

Este enfoque se encuentra en línea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, que instan a los gobiernos a promover la educación para la sostenibilidad. En este sentido, el estudio del desarrollo sostenible desde una perspectiva crítica y alternativa es fundamental para formar ciudadanos responsables y comprometidos con la construcción de un futuro más justo y equitativo.

Un adecuado abordaje del estudio del desarrollo sostenible puede generar un impacto positivo en el aprendizaje, desarrollo integral y bienestar de la población. Al comprender los desafíos y las alternativas al modelo de desarrollo tradicional, las personas pueden desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para tomar decisiones responsables y participar activamente en la construcción de una sociedad más sostenible.

Beneficios específicos:

-          Fomenta el pensamiento crítico y reflexivo: Permite a las personas analizar críticamente los problemas sociales y ambientales, y proponer soluciones creativas y sostenibles.

-          Desarrolla la capacidad de acción y participación: Empodera a las personas para que se conviertan en agentes de cambio y participen activamente en la construcción de un futuro mejor.

-          Promueve valores como la responsabilidad social y la solidaridad: Fomenta la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde se respeten los derechos humanos y se proteja el medio ambiente.

-          Mejora la calidad de vida: Contribuye a la construcción de comunidades más saludables, resilientes y sostenibles.

Investigar a fondo el desarrollo sostenible desde una perspectiva alternativa tiene el potencial de transformar positivamente la sociedad. Ante la crisis social y ambiental, este artículo busca caracterizar teóricamente las ACDS en Colombia. Al comprender los principios centrales de las propuestas teóricas alternativas y los conceptos relevantes para el análisis de las iniciativas comunitarias, se puede construir un futuro más justo, equitativo y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

Desarrollo

Las teorías dominantes con frecuencia asumen que el crecimiento económico, el lucro individual y la acumulación creciente de capital en pocas manos son factores indispensables para el progreso de la sociedad, en tanto que, la preservación del medio ambiente y la calidad de vida de la mayoría de la población mundial no están en el centro de sus preocupaciones. Estos planteamientos hegemónicos encuentran entre sus principales exponentes a Milton Friedman, quien presenta a la libertad del mercado como fuente fundamental de la libertad política, económica y social (Friedman y Friedman, 1998); en ese sentido, el mercado no solamente sería el mejor asignador de los recursos, sino que también podría constituirse en la mejor salvaguarda de la libertad individual. Los críticos de sus postulados ven como una tesis incoherente que la economía y su organización sirvan como medio para lograr metas y fines de la libertad política en tanto que existen regímenes políticos no democráticos de carácter totalitario, sin libertades personales y con libertad de mercado en un contexto que escasa intervención estatal en la economía (Aynol, 2015).

Por el contrario, el liberalismo de Keynes asigna un lugar estratégico al Estado con la implementación de políticas públicas y la generación de empleos. El Estado del Bienestar fue el pacto keynesiano que durante la postguerra pretendía un desarrollo económico equilibrado socialmente y que perdió vigencia en las últimas décadas del siglo XX (Davidson, 2015).  Por su parte, el Neoliberalismo es una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que rechaza el intervencionismo estatal en materia social y defiende el libre mercado capitalista como mejor recurso del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país (Aynol, 2015).

Los planteamientos teóricos son parte de nuestra visión del mundo y moldean nuestros propósitos y realizaciones, por ello esta reflexión conceptual se aborda desde una perspectiva crítica, que dialoga con autores contemporáneos interesados en proponer alternativas de desarrollo social anticapitalista y tiene como ejes centrales el desarrollo sostenible y la participación comunitaria.

En consecuencia, los conceptos adoptados para esta investigación, de alguna manera cuestionan el modelo económico imperante con sus prácticas depredadoras y promueven alternativas comunitarias dirigidas a preservar la vida en todo el mundo, priorizan las relaciones de solidaridad, de confianza, de sana convivencia y reconocen la importancia vital del cuidado mutuo y de la naturaleza (Shiva, 2015); así mismo, las propuestas de crear capacidades, expandir la libertad y reconocer el capital social como recurso comunitario, también están elaborados con el propósito de contribuir al buen vivir comunitario (Escobar, 2020).

Para comprender la importancia del desarrollo sostenible, este marco conceptual se inicia con un breve análisis sobre los antecedentes del concepto y su evolución, a partir del papel desempeñado por los estados nacionales, en cuanto al ejercicio de su soberanía, el control de su territorio y la utilización intensiva de sus recursos naturales.

Ahora bien, ante la necesidad de generar condiciones para garantizar un desarrollo económico y social, en los últimos decenios del siglo XX se comenzó a indagar sobre enfoques más humanos del desarrollo y es entonces cuando la Organización de las Naciones Unidas promulga en el año 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio que para el año 2015 se incorporan y amplían con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En otras palabras, el desarrollo sostenible está concebido no solamente desde una perspectiva ambiental, sino que incorpora propósitos de superación de la pobreza y el hambre, la promoción de una vida sana, el acceso a la educación, a la energía, al agua potable, al empleo y a la igualdad de oportunidades, entre otros.

El diseño de estos objetivos es el resultado de la observación empírica en las últimas décadas a través de mediciones como el Índice de Desarrollo Humano, el Índice Gini, la Huella Ecológica de la Humanidad, el incremento de la desigualdad social, la concentración del ingreso y el deterioro ambiental, en tanto que estos indicadores evidencian cómo el crecimiento económico no es garantía del progreso social, como se explicará más adelante.

De otra parte, ante la necesidad de mitigar el deterioro ambiental y el cambio climático, cobran cada vez más importancia las cosmovisiones y prácticas culturales de los pobladores ancestrales y las comunidades campesinas, ya que en ellas existen formas de capital productivo basadas en relaciones de reciprocidad, sentido de pertenencia, solidaridad y apoyo mutuo que deben preservarse como un valioso capital social (Sudarsky, 2001).

El conocimiento tradicional, los saberes múltiples y la diversidad cultural, que trascienden la racionalidad instrumental propia del modelo de acumulación predominante, tienen muchas soluciones que ofrecer al mundo occidental. En diferentes contextos se abordan problemas similares con soluciones similares e inherentes a las formas de vida de los pueblos originarios, como el respeto por la naturaleza y su custodia, al mismo tiempo la cultura del cuidado de los otros propia de las mujeres plantea también opciones diferentes de ver y conservar el mundo (Shiva, 2015).

Evolución de la valoración del éxito relativo entre los gobiernos, estados y naciones como procedencia y antecedentes del concepto de desarrollo sostenible

Los criterios para evaluar el éxito de un Estado han evolucionado. En el pasado, el PIB y el PIB per cápita eran los indicadores principales. Hoy en día, la distribución del ingreso, el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental son aspectos fundamentales.

Evolución de los indicadores

-          Siglos XIX y XX: Predominio del PIB y PIB per cápita como medidas de éxito.

-          Finales del siglo XX: Creciente importancia a la distribución del ingreso (Índice Gini).

-          Año 2000: Implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con enfoque en la pobreza, educación, salud, género y medio ambiente (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2015).

-          Actualidad: Auge de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con una visión más amplia e integral del desarrollo (PNUD, 2019).

Enfoques alternativos

-          Los Límites del Crecimiento (1972): Advierte sobre las consecuencias del crecimiento sin límites.

-          La Economía Verde: Propone un desarrollo económico con menor impacto ambiental.

-          Huella Ecológica e Índice de Desarrollo Humano: Permiten comparar modelos de desarrollo en términos de impacto ambiental y bienestar humano.

En correspondencia con lo anterior:

-          La medición del éxito del desarrollo ha evolucionado hacia una visión más integral que incluye aspectos económicos, sociales y ambientales.

-          Los ODS son un marco importante para el desarrollo sostenible a nivel global.

-          Las alternativas al desarrollo tradicional, como la Economía Verde, ofrecen soluciones para un futuro más sostenible.

Conceptos sobre iniciativas comunitarias de desarrollo sostenible

De manera reciente, se generaliza la percepción de que el desarrollo sostenible es incompatible con un crecimiento económico constante.  Los consumos y emisiones de gases y el despilfarro de los recursos actuales son insostenibles, especialmente en el hemisferio norte y numerosos especialistas proponen reducirlos de manera drástica, adoptando sistemas económicos que imiten a la naturaleza (Gutiérrez, 2001).

Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de garantizar que el Sur global pueda superar las condiciones de pobreza actuales para lo cual se busca promover estrategias comunitarias de desarrollo sostenible como son el Comercio Justo, el Sistema Participativo de Garantía y el Ecoturismo comunitario que propicien la generación de ingresos familiares entre los productores campesinos de alimentos sin afectar el medio ambiente.

Comercio Justo

La propuesta de Comercio Justo es considerada en Europa un mecanismo eficaz para incentivar a los productores de alimentos hacia la protección del medio ambiente (Cayón-Ruisánchez y García, 2016).  Esta propuesta surgió en el decenio de los cincuenta del Siglo XX, como un propósito de consumidores europeos que querían pagar lo justo a los productores de los países subdesarrollados, como una iniciativa de organizaciones no gubernamentales y sectores de la izquierda europea preocupados por generar condiciones comerciales equitativas con los campesinos y los trabajadores agrícolas de los países pobres.

El propósito fue generar procesos transparentes de compra y venta de productos alimenticios que signifiquen y garanticen equidad para los productores directos y los jornaleros del campo. El precio no era una prioridad, porque los consumidores europeos generalmente no tienen problemas económicos que los obliguen a adquirir lo más barato del mercado.

A finales de los años ochenta nacieron los primeros sellos de Comercio Justo y las primeras tiendas europeas que comercializaban productos cuyo precio llega casi totalmente a los productores. En 2003 se establece un sello único internacional y una certificación de Comercio Justo, bajo la denominación FLO (Fairtrade Labelling Organisation) que se encarga de garantizar que un proceso comercial es socialmente responsable (Montes, 2007).

El comercio justo es promovido por varias Organizaciones No Gubernamentales, por las Naciones Unidas por movimientos sociales y políticos como el ecologismo.  Los productores hacen parte de cooperativas u organizaciones de voluntarios, con libre iniciativa y trabajo, rechazo a la explotación infantil, igualdad entre hombres y mujeres, respeto al medio ambiente y a los derechos humanos, el precio que se paga está acorde con una mejor calidad de vida. En el comercio convencional, los consumidores compran al precio que establece el vendedor de acuerdo a la demanda del producto. En el Comercio Justo no es así porque se trata en realidad una plataforma ética de solidaridad entre productores y consumidores. Es una innovación social y económica y en América Latina ha tenido una especial atención con estudios y experiencias de desarrollo en México y Ecuador (Toscano, 2017).

El comercio justo es una relación comercial a largo plazo basada en el diálogo, la transparencia y el respeto para lograr una mayor justicia en el comercio internacional, con valores éticos que integran aspectos sociales y ambientales. Así lo indica el Estudio de costos y propuesta de precios para sostener el café, las familias de productores y organizaciones certificadas de comercio justo en América Latina, realizado en el año 2014 y publicado en 2017 (Coscione y Mulder, 2017). 

Las organizaciones internacionales que promueven el Comercio Justo se han propuesto convertirlo en norma internacional del comercio global, un propósito todavía lejano. La certificación FLO implica controles y monitoreo de los precios, la calidad de los productos y las relaciones entre los actores de la cadena. Hay que garantizar que lo que el comprador paga llegue – al menos la mayor parte – al pequeño productor rural y no se quede en manos de los numerosos puntos de intermediación, como ocurre en el comercio convencional (Fairtrade Labelling Organisation [FLO], 2019).

Sistema Participativo de Garantía

El sistema participativo de garantía es una estrategia alternativa al Comercio Justo basado en la necesidad de superar solidariamente las limitaciones económicas impuestas por el mercado capitalista y, por tanto, este sistema se asume como una solución viable para los proyectos asociativos comunitarios en regiones con menor desarrollo. Sin embargo, debe también considerarse que el transporte de alimentos a grandes distancias tiene un mayor impacto ambiental medido a partir de su huella de carbono y por tanto es preferible orientarse hacia el mercado local. Además, en Colombia, la implementación del sistema participativo de garantías se ha visto limitada por la ausencia de una cultura de cooperación y apoyo mutuo en territorios que han sido escenarios del conflicto armado.

Frente a estas dificultades se ha formulado la necesidad de crear medidas efectivas de política pública para la protección social de los agricultores con crédito y asistencia técnica que también incidan en la mitigación del cambio climático y la promoción de la diversidad local (Red Nacional de Agricultura Familiar, 2017).

Los sistemas participativos de garantía diseñan y aplican sus propios medios para obtener estándares de producción que evidencien su condición de productos agroecológicos. Rechazan la certificación internacional por varios motivos: 1. Tienen limitación económica para acceder al sello; 2. Prefieren construir, a nivel local y regional, redes de confianza entre productores y consumidores; 3 rechazan el comercio internacional de alimentos por la huella de carbono que se produce con el transporte a larga distancia (Red de Mercados Agroecológicos, 2019).

Son sistemas creados por los mismos productores, que aplican procesos y metodologías diversas, pero comparten los mismos principios que sirvieron de guía a los productores ecológicos. La relación entre productores y consumidores está basada en la participación, la transparencia y la confianza, brindando las herramientas y mecanismos para el desarrollo comunitario, con organizaciones de base y relaciones de horizontalidad que permiten tomar decisiones compartidas.

Ecoturismo comunitario como alternativa de desarrollo sostenible

El Ecoturismo tiene como objetivo principal realizar actividades recreativas en contacto con la naturaleza minimizando el impacto ambiental. Es un viaje responsable a áreas naturales donde el turista participa conservando el medio ambiente y mejorando el bienestar de la población local (The International Ecotourism Society [TIES], TIES, 2019). El ecoturismo comunitario es una alternativa económica para las comunidades rurales, que enfrentan grandes retos en desarrollo y en calidad de vida, sobre todo en Latinoamérica, es una alternativa adecuada para obtener ingresos económicos complementarios y a la vez conservar sus recursos naturales, sociales y culturales (Burgos, 2016). 

El objetivo primordial es conservar los recursos ambientales, los recursos sociales y a la vez contribuir a construir alternativas de desarrollo sostenible. Puede decirse que el ecoturismo comunitario es más amplio que el ecoturismo empresarial por cuanto integra a las comunidades y a los pobladores del territorio con beneficios directos reales. Por el contrario, el ecoturismo que se realiza por iniciativa de agencias de turismo en hoteles privados no contribuye al desarrollo local.

En la perspectiva de consolidar el ecoturismo es importante trascender hacia actividades que no estén limitadas al escenario natural y que abarquen objetivos ambientales, educativos y sociales definidos con criterios de competitividad y calidad.  En las zonas con vocación ecoturística debe promoverse y garantizarse la participación de las comunidades, no solamente en la gestión operativa sino en las decisiones que afectan al entorno y a sus intereses de conservación y permanencia en el territorio. Por último y no menos importante, se afirma que el ecoturismo debe constituirse en una herramienta de desarrollo local, autonomía y reafirmación cultural (TIES, 2019).

El ecoturismo promueve principalmente valores de conservación; como su mayor activo son los recursos naturales, el hecho de conservar para la vida, de mantener un territorio para la vida, es mantener un territorio para que las comunidades puedan permanecer allí a largo plazo, no solamente la presente generación, sino que también los jóvenes puedan permanecer dentro del territorio. La integración de otro tipo de proyectos de agricultura sostenible, la generación de redes comunitarias en donde se puedan integrar el artesano, el pescador, el agricultor, también son valores de convivencia, de permanencia, de articulación ambiental y social. Incluso, el ecoturismo regenerativo, en donde hay sitios degradados que deben recuperarse y tener mejores condiciones de vida para todos. Por eso el ecoturismo es realmente importante para la vida.

Otros conceptos centrales utilizados

A partir de las perspectivas sobre el desarrollo sostenible y sus condicionamientos se observa la necesidad de acudir a conceptos que cuestionando un modelo económico depredador dominante elaboran propuestas para mejorar la calidad de vida de la población y promover alternativas comunitarias orientadas también a preservar la vida del planeta. En otras palabras, el concepto de desarrollo sostenible trasciende la perspectiva ambiental para proyectarse hacia las condiciones que garantizan a la población en su conjunto igualdad de oportunidades para el acceso a la salud, a la educación, a la participación social y a la perspectiva comunitaria del buen vivir en libertad y preservando la dignidad humana.

Como lo expresan Méndez y Pérez (2014):

El actuar en sociedad necesita nuevas maneras de abordar la vida, lo científico, lo cultural, lo económico y lo político. En el hacer social se necesita un replanteamiento del poder para conseguir equilibrios en las relaciones, fortalecer las herramientas de coordinación y reivindicar el nivel social con la química y los condimentos necesarios para el cambio profundo. Para lograrlo, es necesario un replanteamiento de la satisfacción de las necesidades de acercamiento, de convivencia y la creación de vínculos nutricios, que cubran los espacios carenciales con nuevas intenciones socioeducativas. (p. 11)

En este sentido, especial pertinencia tienen las propuestas de crear capacidades, expandir la libertad y reconocer el capital social como recurso comunitario.

Crear capacidades y expandir la libertad

Vivimos en una era dominada por el afán de lucro individual y por la obsesión nacional del crecimiento económico. Los modelos de desarrollo dominantes sostienen la idea de que es posible mejorar la calidad de vida de la población con medidas que permitan incrementar el Producto Interno Bruto (PBI) acordes con los requerimientos de los organismos que regulan la economía  a nivel global como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; con esta tesis concluyen que el crecimiento económico es garantía del progreso social y es la solución para afrontar los problemas de las naciones que tienen la mayoría de sus habitantes en condiciones de pobreza sin tener en cuenta la salud o la educación.

En la década de los años 80 del siglo XX, los economistas Martha Nussbaum y Amartya Sen trabajaron en equipo sobre diferentes visiones del concepto de calidad de vida, y propiciaron el debate para confrontar ideas entre filósofos, sociólogos, médicos y economistas con el objeto de replantear el concepto de desarrollo, diseñar nuevos métodos de análisis y elaborar enfoques alternativos.

Sen (2000) sostiene que el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. Para resolver los problemas actuales es necesario concebir la libertad individual como un compromiso social. Por eso el objetivo del análisis de la política económica y social es establecer la conexión de instituciones y agencias interactivas con las actividades y mecanismos sociales que contribuyen a aumentar y garantizar las libertades fundamentales. Como libertades instrumentales fundamentales menciona las siguientes: “las oportunidades económicas, las libertades políticas, los servicios sociales, las garantías de transparencia, y la seguridad protectora” (Sen, 2000, p. 17).

El ejercicio positivo de la libertad individual depende del acceso real a ellas y a las posibilidades que le brinda la salud, la educación básica y el fomento y cultivo de las iniciativas. Los mecanismos institucionales para aprovechar estas oportunidades dependen de la libertad para participar en las decisiones sociales y en la elaboración de las políticas públicas que impulsan el progreso de estas oportunidades. (Sen, 2000, p. 21)

Sobre la relación entre la orientación de “capital humano” y “capacidad humana”, Sen (2000) opina que:

si bien ambas sitúan la humanidad en el centro del escenario el capital humano pone su atención en cómo los seres humanos aumentan sus posibilidades de producción, en tanto que, la perspectiva de la capacidad humana se fundamenta en la libertad para vivir y valorar las opciones reales entre las que puede elegir cada ser humano. (p. 350)

Al respecto, Nussbaum (2012) considera que el objetivo político de los seres humanos debería ser que “todos superen un cierto nivel umbral de capacidades, como una libertad sustancial para elegir y actuar” (p. 44). Por esta razón, argumenta que las teorías del desarrollo actualmente imperantes distorsionan la experiencia humana real y han inspirado políticas que ignoran las necesidades esenciales del ser humano, como son la dignidad y el respeto personal; en consecuencia propone un modelo de desarrollo humano alternativo que ella ha denominado “Enfoque de Capacidades”; esta propuesta de Nussbaum se desarrolla a partir de indagar sobre las potencialidades y oportunidades que tiene cada persona y presta atención a sus relatos para comprender la repercusión que tienen las políticas en la vida cotidiana.

Nussbaum (2012), a diferencia de Sen (2000), defiende la promulgación de una lista de capacidades centrales que son: i) vida, ii) salud física, iii) integridad física, iv) sentidos, imaginación y pensamiento, v) emociones, vi) razón práctica, vii) afiliación, viii) otras especies, ix) juego, y x) control sobre el propio entorno. La razón principal está en que la justicia social debe apoyar al establecimiento de ciertos principios políticos. En ese sentido, el enfoque está orientado a la “protección de ámbitos de libertad tan cruciales que su supresión hace que la vida no sea humanamente digna” (Nussbaum, 2012, p. 52).

Uno de los elementos notables de estas propuestas es su complejidad. Sin embargo, han tenido acogida en instancias internacionales que se ocupan del bienestar humano y en varios países ha motivado la realización de estudios e investigaciones en temas relacionados con los enfoques del desarrollo humano y de las capacidades.  Desde 1990 hasta la fecha, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mide y publica anualmente los Informes de Desarrollo Humano.

Los informes anuales contienen el índice de Desarrollo Humano de todos los países. Este es un indicador sintético de los logros promedio obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la media aritmética de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones.

El informe no incorpora todos los aspectos de la teoría, pero suministra información comparativa sobre la calidad de vida y sirve para reorientar el debate sobre el desarrollo. Utiliza el concepto de capacidades como un indicador comparativo, pero no como una base para la teoría política normativa. La dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer, y la de la educación se mide por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar.

Según Nussbaum (2012), las teorías son una parte esencial de nuestro mundo porque moldean nuestros propósitos y aspiraciones; las teorías dominantes desconocen las desigualdades alarmantes y han orientado la política del desarrollo hacia decisiones profundamente equivocadas. Para mejorar la calidad de vida de las personas se requieren políticas, inspiradas en nuevos paradigmas que muestren respeto por el medio ambiente, por las personas reales y las empoderen, que promuevan la igualdad y no vulneren la dignidad.

Una contra-teoría que ponga en evidencia estos desaciertos debe servir para crear nuevas fórmulas de articulación del mundo del desarrollo. Esta contra-teoría es el Enfoque de Capacidades. Es un nuevo paradigma teórico que se encuentra en evolución. A diferencia de los paradigmas que aún son dominantes, su compromiso es con la igual dignidad de todos los seres humanos, sin importar su género, edad, raza o clase social y trabaja para lograr que su vida cotidiana esté a la altura de esa dignidad que todos merecemos como parte de la humanidad. El objetivo es producir capacidades para todas y cada una de las personas sin usar a ninguna de ellas como medio para las capacidades de otras ni para las del conjunto porque cada persona es un fin en sí misma.

La propuesta innovadora de Nussbaum (2012) buscó que el enfoque de capacidades fuera implementado mediante el sistema constitucional de cada país. La mayoría de los países han entendido esta necesidad y han incluido en su Constitución Política declaraciones no solamente en torno a los derechos humanos fundamentales sino también a los derechos sociales, culturales y ambientales. Desde las naciones podrían hacerse esfuerzos para hacer realidad sus principios constitucionales, pero no hay condiciones propicias en un mundo que carece de justicia global. Las teorías que dominan el diseño de las políticas públicas siguen atadas a los organismos internacionales y ordenan las prioridades nacionales de cada país desconociendo las obligaciones contraídas con sus propios ciudadanos.

Esta contextualización de las capacidades centrales pretende respetar la historia y tradición de cada nación, le permite señalar un camino de acceso a la justicia basada en el reconocimiento de la diversidad cultural, sin negar el valor de la universalidad. Se aparta del denominado “relativismo cultural” que desconoce el respeto a la dignidad humana y defiende un mínimo de “valores globales” dirigidos a proteger la libertad de elección de las personas. En este sentido:

Se hace necesario un contrato global para conseguir la justicia global pero la solución institucional debe ser descentralizada. Las naciones existentes tienen obligaciones con su propia población y con las naciones más pobres. Debe haber una red de tratados internacionales que obliguen a la comunidad de las naciones y un rol activo de las empresas, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en su conjunto. (Nussbaum, 2012, p. 148)

Esta propuesta es un llamado a la justicia social mediante el enfoque de capacidades, en donde las instituciones y la sociedad en general tienen el deber fundamental de asegurar las capacidades centrales que permitan una vida digna a los ciudadanos del mundo.

El capital social como recurso comunitario

Coleman (2000) afirma, con el propósito de crear los fundamentos de una teoría social, que existe un capital social cuando las relaciones de colaboración entre individuos contribuyen a lograr una mayor productividad y sostiene la tesis de que la acción de los individuos no se da en el vacío sino en un entramado de relaciones sociales y organizativas que pueden ser comprendidas a partir de ese concepto de capital social,  como recursos socio-estructurales funcionales para el logro de las acciones propuestas. Aplica así un principio de acción racional según la cual cada persona puede tener control sobre algunos recursos y el capital social puede definirse también como “una clase particular de recursos disponibles para un actor social” (p. 302).

Por su parte, autores como Woolcock y Narayan (2000) definen así el capital social:

La idea básica del capital social es que la familia, los amigos y los compañeros de una persona constituyen un recurso importante al que recurrir en una crisis, del que disfrutar por sí mismo y del que servirse para conseguir ventajas materiales. Además, esto, que es cierto para los individuos, vale también para los grupos. Las comunidades con recursos variados de redes sociales y asociaciones cívicas se encuentran en una posición más sólida para hacer frente a la pobreza y a la vulnerabilidad, resolver disputas y sacar partido a oportunidades nuevas. (p. 226)

Según Sudarsky (2001), en contraste con otras formas de capital, el capital social está en la estructura de relaciones entre actores y su valor involucra aspectos de la estructura social que para los actores son recursos funcionales al logro de sus intereses. Entretanto, para García-Valdecasas (2011), el capital social consiste en una serie de recursos que los individuos pueden obtener a partir de las estructuras de las redes sociales. Dos de los recursos más importantes son la información que fluye por las redes y las obligaciones de reciprocidad que pueden generarse de la confianza mutua entre los agentes de la misma red.

Por ello este autor analiza cómo ciertas características propias de las redes sociales tienen incidencia en la formación de capital social y propone investigar sobre otros aspectos estructurales que puedan tener un efecto similar, como por ejemplo, el grado de desigualdad en la distribución de vínculos, la dificultad para transmitir información y/o para crear obligaciones de reciprocidad,  es decir, sobre los obstáculos para tener acceso a  los recursos de capital social que pueden incidir en su poco desarrollo.

La mención a la importancia de la estructura de las redes ligada a la formación de capital social se encuentra por primera vez en Bourdieu (1986) cuando define el capital social como:

La suma de recursos reales o potenciales que se vinculan a la posesión de una red duradera de relaciones de conocimiento y reconocimiento mutuo –afiliación a un grupo- más o menos institucionalizadas que le brinda a cada uno de los miembros el respaldo del capital socialmente adquirido. (p. 248)

Estas diferentes definiciones sobre el capital social corresponden a diferentes paradigmas teórico-metodológicos, epistemológicos y disciplinares. Las primeras concepciones asumen el orden social desde la integración y el equilibrio social de tal manera que la confianza y la reciprocidad se constituyen, en la base de las prácticas sociales. Otras concepciones, como la de Bourdieu, consideran al conflicto y las relaciones de poder como la matriz a partir de la cual se interpreta y comprende el sentido del orden social (Freyre, 2013).

Desde la ciencia política, Coleman (2000) es reconocido como un autor clásico que analiza el capital social, desde la perspectiva estructural funcionalista y el individualismo metodológico. Por esto, los fenómenos sociales se interpretan como la suma de acciones individuales que, según la teoría de la elección racional se realizan a partir de un cálculo racional de costo/beneficio.

Desde la Economía política, Bourdieu (1986) plantea que el volumen de capital social que posee un agente particular depende de la red de relaciones que él pueda efectivamente movilizar y del volumen del capital (económico, cultural o simbólico) poseídos en propiedad por cada uno de los agentes con quienes tiene un vínculo de reciprocidad. En este sentido, el capital social resulta un disfraz del capital económico, porque “todos los tipos de capital son reductibles en última instancia al capital económico” (Bourdieu, 1986, p. 252).

Aunque desde la perspectiva de Bourdieu, el capital humano y el capital social son reducibles al capital económico y su papel en el proceso productivo dentro de un sistema capitalista, es importante considerar como critica a esta perspectiva, que el papel que desempeña el capital social en empresas privadas capitalistas es diferente al que desarrolla en organizaciones del tercer sector y en especial a las asociaciones comunitarias y cooperativas vinculadas a alternativas de desarrollo sostenible. Mientras que en las empresas privadas el capital social es funcional a las dinámicas de acumulación capitalista y generan bienestar social únicamente en la medida en que el capital social no sea obstáculo a dicho proceso de acumulación, por el contrario, en las alternativas de desarrollo sostenible comunitario, el principal horizonte de las organizaciones no es la acumulación en beneficio del capitalista, sino el beneficio social comunitario dentro de modelos ambientalmente sustentables.

Por su parte, desde la antropología, Durston (1999) plantea el concepto de capital social comunitario no como un recurso individual sino como una forma de institucionalidad:

El capital social comunitario no es un recurso individual sino una forma de institucionalidad social (del conjunto, en este caso de la comunidad local); y los participantes del capital social comunitario (en forma explícita o implícita) plantean el bien común como objetivo, aunque éste puede no lograrse (…). El capital social comunitario está constituido por normas, prácticas y relaciones interpersonales existentes y observables. Es la institucionalidad informal dentro y fuera de las organizaciones formales, a nivel de comunidad o sistema social más amplio, que determina cómo funcionan tales organizaciones en la práctica. (p. 104)

A partir de su experiencia en Guatemala, este autor argumenta que existen seis factores importantes en las relaciones de reciprocidad: “parentesco y vecindad, identidad compartida, memoria histórica, reducción de la represión, empoderamiento de las mujeres campesinas e interacción de los campesinos con los promotores de desarrollo rural” (Durston, 1999, p. 106).  De manera similar, Sudarsky (2001) afirma que, en sociedades pre-modernas, en culturas indígenas o campesinas existen otras formas de capital productivo que hacen posible el logro de ciertos fines que en su ausencia no serían posibles y que es necesario respetar e impedir su destrucción con modelos externos de modernización.

Ahora bien, desde una perspectiva crítica Freyre (2013), se pregunta lo siguiente: si el capital social contribuye a la reproducción y reforzamiento de valores y normas tradicionales asociadas a las funciones de control social, ¿qué lugar tiene la transformación social en este tipo de esquemas?  El análisis de las diferentes definiciones y perspectivas del capital social le permiten a Freyre concluir que algunos autores lo destacan como un recurso que surge a partir de las relaciones sociales y las redes sociales. Otros autores enfatizan los vínculos de confianza y solidaridad. Freyre (2013) se pregunta de nuevo si la reciprocidad vertical de las relaciones asimétricas puede fundar capital social.

El capital social está presente en las relaciones interpersonales, la familia, la escuela, el trabajo, el barrio, la entidad territorial la cultura, la producción y la política. En esta última, cabe anotar la efectividad de las relaciones patrón-cliente con sus características de privadas, desiguales y jerárquicas, que garantizan una articulación de la sociedad, no deseable. El capital social está contenido en diferentes ámbitos, públicos y privados, por ejemplo, en una sociedad civil, que ha sido definida como un colectivo público, no –estatal. Así mismo, en las ONGs que pueden ser consideradas como públicas cuando son de acceso abierto y mantienen transparencia en su manejo, incluso hasta en otras instituciones más verticales como los gremios y sindicatos (Sudarsky, 2001). Cabe destacar que, las organizaciones intermediarias, como los sindicatos que median la relaciones entre trabajadores y empresarios, así como aquellas ONGs que tercerizan la implementación de proyectos gubernamentales, aunque puedan tener eficacia política, no proporcionan gran cohesión social debido a su rol de intermediación y por tanto no ofrecen buenas oportunidades para generar capital social. Son circunstancias de una gran complejidad que requieren investigaciones, desde la micro observación etnológica y antropológica hasta tendencias de cambio mundial sobre las estructuras que lo reproducen (Sudarsky, 2001).

Retomando a Méndez y Pérez (2014):

La práctica socio-comunitaria no puede perderse en significantes confusos, arbitrarios o en experiencias borrascosas y ofuscas. Para visualizar y concretar el tránsito de la sociedad en que vivimos, a la sociedad en que queremos vivir, es necesario configurar y resignificar nuevas referencias y modelos alternativos a los actuales, espejos transparentes y no entrampados por/en lógicas maquiavélicas de fondo. (p. 12)

En síntesis, de los conceptos que se han mencionado en este marco conceptual podemos señalar que tienen en común su crítica al modelo económico dominante basada en el afán de lucro y de acumulación y en la competencia individual. También comparten propuestas orientadas hacia el bien común y a construir una sociedad donde todos podamos tener una calidad de vida digna y en libertad.  Ahora bien, las propuestas de Sen (2000) y Nussbaum (2012) tienen como escenario al individuo-ciudadano en su relación con el Estado, en tanto que las formulaciones sobre el capital social están centradas en las relaciones comunitarias que generan recursos no monetarios pero valiosos e incluso indispensables para quienes están inmersos en estos  procesos colectivos, sin embargo, la mayor parte de los autores que trabajan el concepto de capital social no priorizan las potencialidades transformadoras de las relaciones comunitarias que trascendiendo el ámbito local contribuyan a generar cambios profundos en la sociedad en su conjunto.

El conocimiento científico predominante es dicotómico, lineal, reduccionista y simplificador, en tanto que la realidad social es compleja, multiforme, cambiante. Por el contrario, desde el paradigma de la complejidad, el conocimiento se concibe como un proceso biológico, cultural y social, diverso e impredecible. La teoría de la complejidad es dialéctica y resulta necesario emprender una búsqueda comprensiva de esa realidad, avanzar en todas las direcciones posibles para encontrar la verdad en la praxis social compleja, en el proceso. Es necesario buscar un modelo alternativo de actuar y proponer cambios comunitarios con un fuerte compromiso cívico. Desechar las perspectivas reduccionistas y mecanicistas, para asumir la realidad comunitaria, como un todo integrado. Más que teorizar, es necesario ir a la práctica real, crear nuevos resortes que permitan generar soluciones diferentes para definir alternativas que aporten a la transformación de la cotidianidad y que permitan la construcción de nuevos cursos de acción con itinerarios humanizadores. Trabajar para construir sociedades alternativas, más inclusivas, más solidarias y comprometidas socialmente. Sociedades en las que las personas sean valoradas por lo que son y puedan aportar dignamente a la gestación de un proyecto compartido, en el que cada uno y todas seamos protagonistas (Mendez, 2016).  

En correspondencia, es esclarecedor el concepto de comunidad enunciado por Méndez y Pérez (2014): 

Nosotros pensamos la comunidad desde la complejidad. La comunidad se estudia procesualmente, insertándonos en ella, desde las mediaciones que la producen. Es ir sistemáticamente y permanecer en ella con el ánimo de transformarla de modo digno. En la comunidad se encuentra la unidad dentro de las múltiples contradicciones que se expresan socialmente. Lo común es aquello que es general a los actores que luchan por el cambio. Las soluciones, las alternativas, los proyectos de realización cambista y los programas de desarrollo tienen que co-construirse por esos propios actores. (p. 18)

Conclusiones

Las alternativas comunitarias de desarrollo sostenible (ACDS) en Colombia emergen como una respuesta innovadora y necesaria ante los retos que plantean la crisis ambiental, la desigualdad social y la necesidad de un desarrollo más justo y equitativo. Estas iniciativas, gestadas desde las comunidades locales, representan una oportunidad para construir un futuro más sostenible, en armonía con la naturaleza y basado en principios de cooperación, autogestión y responsabilidad ambiental.

A través del análisis realizado, se evidencia que las ACDS se fundamentan en propuestas teóricas alternativas que cuestionan el modelo económico dominante y su lógica de crecimiento ilimitado. Enfoques como la ecología social, la economía del decrecimiento y el enfoque de derechos humanos convergen en la necesidad de un desarrollo centrado en la justicia social, la equidad económica y la protección ambiental.

En este sentido, conceptos clave como la creación de capacidades, la expansión de la libertad y el reconocimiento del capital social como recurso comunitario cobran especial relevancia. Las propuestas de Sen y Nussbaum apuntan a empoderar a las personas y comunidades, brindándoles las oportunidades y libertades fundamentales para alcanzar una vida digna y plena. Asimismo, el concepto de capital social destaca la importancia de las redes de colaboración, confianza y reciprocidad como recursos esenciales para el logro de objetivos comunitarios.

Las ACDS analizadas en este artículo, como el Comercio Justo, el Sistema Participativo de Garantía y el Ecoturismo Comunitario, representan ejemplos concretos de la aplicación de estos principios teóricos y conceptuales. Estas iniciativas promueven modelos de producción, intercambio y turismo sostenibles, basados en la participación activa de las comunidades, la equidad económica y el respeto por el medio ambiente.

No obstante, es importante reconocer los desafíos que enfrentan las ACDS en Colombia. La histórica desigualdad social y económica, el conflicto armado y la ausencia de una cultura de cooperación y apoyo mutuo en algunos territorios representan obstáculos significativos. En este contexto, es fundamental el rol del Estado y las políticas públicas para promover y apoyar estas alternativas, brindando protección social, crédito, asistencia técnica y incentivos para la mitigación del cambio climático y la promoción de la diversidad local.

En conclusión, las ACDS son una apuesta por un futuro más justo, equitativo y sostenible en Colombia. Su estudio y promoción son de vital importancia para fortalecer la construcción de un desarrollo verdaderamente humano, que ponga en el centro a las comunidades y su participación activa. Este artículo ha buscado contribuir a llenar un vacío de conocimiento en torno a estas iniciativas, aportando elementos teóricos y conceptuales para su comprensión y análisis. Se espera que esta investigación sirva como base para futuras acciones y políticas que impulsen y consoliden las ACDS como una vía hacia un desarrollo sostenible y una sociedad más justa y resiliente en Colombia.

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[1] Doctor en Cooperación al Desarrollo y Doctor en Ciencias Sociales. Licenciado en Psicología. Licenciado en Derecho. Graduado en Trabajo Social. Máster en Desarrollo Comunitario. Profesor de la Universitat de València. España. E-mail: menanjo@uv.es ORCID:  http://orcid.org/0000-0001-6587-580X

[2] Licenciado en Psicología. Máster en Ciencias de la Educación. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Titular del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba. E-mail: isaacicr@uclv.edu.cu ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9354-539X

[3]  Magister en Cooperación al Desarrollo con Especialidad en Planificación Integral del Desarrollo Local. Concejo de Bogotá. Colombia. E-mail: alejandropajonnaranjo@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0009-0001-9669-2114